El CIEA en el FUNAF. Declaración del 5° Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar
Reproducimos a continuación el documento redactado por los delegados de las universidades nacionales reunidos en el V Congreso del FUNAF, encuentro en el cual participó Gabriela Martínez Dougnac del CIEA como representante de la Universidad de Buenos Aires:
Cinco Saltos, 16 de mayo de 2019
En el marco del V Congreso del Foro de Universidades para la Agricultura Familiar celebrado en esta ciudad los días 15 y 16 de mayo de 2019, con más de 500 participantes, las y los integrantes del Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar FUNAF, expresamos nuestro repudio a las políticas de ciencia y técnica y a las políticas de desarrollo del gobierno nacional, que atentan contra la Agricultura Familiar y contra la soberanía, seguridad alimentaria y salud de toda la población.
El ajuste del sistema público de ciencia y tecnología se manifiesta tanto en recortes presupuestarios como en el debilitamiento de las capacidades instaladas y la limitación de sus posibilidades de crecimiento a futuro. Ejemplo de ello son las situaciones críticas que atraviesan organismos como el INTI, el CONICET y el INTA, y las universidades públicas nacionales, debido a la expulsión o no incorporación de recursos humanos formados, y la falta de mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras necesarias para sostener la labor de investigación y extensión.
Rechazamos la reorganización de las estructuras operativas del INTA, decidida por su Consejo Directivo el día 28 de marzo de 2019. Esta medida, que impacta particularmente sobre el sistema de extensión e investigación, con el cierre de doce Agencias de Extensión Rural y de tres de los cinco Institutos de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar pertenecientes al CIPAF-INTA, sitos en las regiones NEA, Cuyo y Patagonia, pone en riesgo el aporte imprescindible del INTA a la generación de conocimiento y tecnologías orientadas a diferentes sectores sociales de la producción agropecuaria y la amplia presencia territorial que favorece el desarrollo de tecnologías con y para los productores agropecuarios, adecuadas a las diferentes realidades agroecológicas y sociales. Pero en particular se debilitan las líneas de trabajo orientadas a la Agricultura Familiar y se desconoce la compleja red de vínculos interinstitucionales construida a lo largo de más de una década, como resultado del esfuerzo colectivo de técnicos, productores, organizaciones sociales, universidades y establecimientos educativos de todos los niveles, red de la cual este Foro participa desde hace diez años.
Además, asistimos con preocupación a la difusión de un discurso, esgrimido incluso por el Consejo Directivo del INTA (excepto el representante de Federación Agraria que rechazó con su voto esta propuesta de achicamiento), que menosprecia la relevancia de las funciones desarrolladas hasta el momento por esas instancias de trabajo y justifica la desarticulación de capacidades institucionales y de inserción territorial bajo criterios de supuesta eficiencia organizacional, que ponen en riesgo las funciones y la impronta distintiva del Instituto.
En este contexto, como Foro de Universidades, encontramos inadmisible la falta de posicionamiento crítico de los representantes de AUDEAS y de CONADEV en el Consejo Directivo del INTA frente a este intento de desarticulación de la estructura y las funciones del INTA vinculadas más directamente con el sector de la producción familiar.
Por todo lo expuesto, y en el marco del Decenio de la Agricultura Familiar impulsado por la ONU, reivindicamos la necesidad de sostener una política de desarrollo científico nacional, de fortalecimiento del sistema público, basado en criterios de rigurosidad y eficiencia, que no pueden desconocer la función social de la ciencia y su articulación a las necesidades de la población, y particularmente del sector productivo de la Agricultura Familiar, que cumple un rol protagónico en la matriz económica nacional a través de la producción de alimentos para el mercado interno. Existen en el país alrededor de 220.000 unidades productivas familiares que representan el 66% de las explotaciones agropecuarias en tan sólo el 13% de las tierras productivas disponibles y el 20% del valor bruto de la producción y el 54% del empleo rural.
En este sentido, exigimos la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar en todo su articulado, acompañando el pedido del Primer Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular celebrado en la ciudad de Buenos Aires los días 7 y 8 de mayo del corriente año, que congregó a más de 4000 personas pertenecientes a distintas organizaciones.
Consideramos además que la defensa del sistema público de ciencia y técnica requiere de la acción mancomunada de diferentes actores, por lo que expresamos nuestra adhesión a las declaraciones realizadas por el Consejo del CIPAF, AAER, AUDEAS y los órganos colegiados, institutos y centros de diversas Universidades Nacionales.
Reiteramos nuestro compromiso como Foro de Universidades con la educación pública, la investigación y la extensión orientadas a las necesidades de la agricultura familiar y la construcción de interinstitucionalidad que las haga posible.